La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dicto sentencia mediante el cual aseveró que la importancia para el proceso es que las reglas básicas sobre el cumplimiento de los actos y los actos mismos, estén adecuadamente realizados, ya que el principio rector que debe gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso.

Es criterio jurisprudencial sostenido por esta Sala de Casación Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que los actos que la administración emita deberán ser debidamente motivados, es decir, señalar en cada caso el fundamento expreso de la determinación de los hechos que dan lugar a su decisión, de manera que el administrado o la administrada pueda conocer en forma clara y precisa las razones fácticas y jurídicas que la sustentan, permitiéndole oponer las razones que crea pertinentes a fin de ejercer su derecho a la defensa.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiterando el criterio de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, manifestó en sentencia del pasado 10 de octubre que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia tiene facultad para imponer condiciones u obligaciones a los sujetos que encontrándose sometidos a la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, hayan incurrido en prácticas contrarias a la libre competencia, siempre y cuando tales condiciones u obligaciones no contraríen el ordenamiento jurídico.

Mediante Resolución N° 517, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41750, el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo suprimió la Sub-Inspectoría del Trabajo, ubicada en el Municipio Francisco de Miranda, en la ciudad de Calabozo, estado Guárico y, en su lugar, creó una Inspectoría del Trabajo con sede en la misma ciudad, esto debido a que la Sub-Inspectoría por su conformación resultaba insuficiente para brindar la atención que demanda la población, ya que no cuenta con una estructura que le permita dar respuesta a los requerimientos de los trabajadores de la zona. Dado al crecimiento de la actividad productiva y económica, y por ende de la población, donde la Sub-Inspectoría se encuentra asentada, se hace necesario adecuarla a una nueva estructura que permita brindar respuesta oportuna e idónea a las peticiones que se realicen.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dictó un Decreto Constituyente, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41748, mediante el cual aprobó un Protocolo modificatorio del Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa, sobre proyectos estratégicos conjuntos, con el fin de promover una mayor profundización de las relaciones Venezolano-Rusas,

Mediante Resolución N° 022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41748, el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información fijó los topes tarifarios máximos para los servicios de telefonía básica prestados por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), los cuales incluyen los servicios de telefonía fija local, telefonía de larga distancia nacional y telefonía de larga distancia internacional, ofrecidos a usuarios residenciales y no residenciales.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia publicada el pasado 16 de octubre, ratificó el criterio con carácter vinculante de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia, en cuanto a la interpretación de los artículos 59 y 60 de los Códigos Orgánicos Tributarios de los años 1992 y 1994, donde aseveró que los intereses moratorios se generan desde la oportunidad en que la obligación se hace exigible, esto es, una vez que el respectivo reparo adquirió firmeza, bien por no haber sido impugnado o por haberse decidido y haber quedado definitivamente firmes las decisiones dictadas en virtud de los recursos interpuestos.

Mediante Providencia N° 095, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41745, la Superintendencia Nacional de Valores dictó las normas para autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Valores a las personas jurídicas que pretendan emitir y hacer oferta pública de acciones, obligaciones, pagarés bursátil, papeles comerciales, títulos de participación u otros valores, a los fines de su colocación en el mercado de valores.